La violencia económica representa una de las formas de manifestación de la violencia machista, siendo la tercera más común y afectando al 11,5% de las mujeres mayores de 16 años.
Este tipo de violencia suele evidenciarse, principalmente, en el incumplimiento intencional del pago de la pensión alimenticia tras una separación. Sin embargo, también incluye el control del acceso al dinero por parte de la pareja, la explotación de recursos económicos e impedir que la mujer trabaje, como el sabotaje laboral.
Esta coyuntura fue abordada en el Parlamento de Navarra, donde se presentó una delegación de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad de Navarra (COMFIN). En ese contexto, la jurista especializada Ixaxi Pérez expuso la investigación titulada «Análisis sobre la realidad del impago deliberado de la pensión de alimentos«.
Entre las propuestas que incluye, destaca la mejora en el acceso al Fondo de Garantía de Anticipos para el Impago de Pensiones (FOGAPA). Este fondo, de carácter estatal, tiene el potencial de desempeñar un papel importante como mecanismo de protección para los menores afectados por la violencia económica.
Del mismo modo, se subraya la importancia de llevar a cabo investigaciones específicas sobre la violencia económica de género, reforzar el funcionamiento del fondo como medida de protección, implementar mecanismos reparadores adicionales en Navarra y capacitar tanto a profesionales del ámbito social como judicial en esta temática.
Necesidad de transformaciones estructurales y sociales
El 94,95% de las familias monoparentales en Navarra están a cargo de mujeres. Tras los procesos de separación o divorcio, en el 61% de los casos la pensión alimenticia es asignada al padre, mientras que en un 34% la responsabilidad recae por igual en ambos progenitores.
En este contexto, los datos del estudio ECOVIO son relevantes: muestran que en las situaciones donde no ha habido violencia de género previa, el 41% de las pensiones presentan retrasos o impagos. Esta cifra asciende hasta el 70% cuando sí ha existido violencia de género. Sin embargo, se notifica que muchas mujeres no denuncian estos incumplimientos debido a la percepción de que las denuncias no tienen resultados efectivos.
Ante este panorama, se insiste en la necesidad de aplicar transformaciones tanto estructurales como sociales. Es importante que el Estado asuma su responsabilidad en la violencia económica de género, y que el Fondo de Garantía de Anticipos por Impago de Pensiones (FOGAPA) se convierta en una herramienta eficaz y funcional.
Llama la atención que la actual Renta Garantizada en Navarra no puede combinarse con otras ayudas similares, lo cual supone una limitación para las familias afectadas. También se critica que los reembolsos efectuados por los deudores se limiten únicamente a las cantidades adeudadas, sin considerar recargos o compensaciones adicionales.
Por último, se hace hincapié en que el Estado debe asumir la garantía del pago de las pensiones alimenticias para los hijos. Además, se propone ampliar el grupo de beneficiarios, incluyendo no solo a menores (actualmente los únicos contemplados en estos casos), sino también a personas mayores de edad con discapacidad superior al 60%.