El Congreso de los Diputados aprobó el pasado miércoles 26 de febrero el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo uno. Dotando a España de una nueva hoja de ruta para combatir todas las violencias contra las mujeres, el acuerdo amplía las medidas del Pacto de 290 a 462 e introduce nuevos ejes como son la violencia vicaria, la económica y la digital. Cuenta con un 50% más de dotación económica, hasta alcanzar los 1.500 millones para los próximos 5 años de vigencia.
Consenso entre las partes
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aplaudió el resultado de la votación de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Pleno del Congreso de los Diputados.
«El acuerdo es el primer paso al que debe seguir un trabajo transversal y sistemático para implementar con medidas legislativas e institucionales y con nuevos recursos el mandato que surge hoy del Congreso. A esta noble misión nos vamos a emplear con determinación, convenidas de que debemos a las generaciones presentes y futuras una sociedad libre de violencias machistas«, destacó Ana Redondo.
Además, la ministra comenzó su intervención previa a la votación agradeciendo a las diputadas «que han hecho posible este gran acuerdo con su trabajo, inteligencia, su empatía, responsabilidad y altura de miras para aparcar las diferencias que hemos visto en esta sesión y situarse con perspectiva histórica a la altura de la encrucijada que nos ha tocado vivir».
Ana Redondo concluyó aludiendo a «los grandes consensos, que han sido imprescindibles para transformar la sociedad patriarcal y machista en una sociedad democrática, igualitaria y justa. Son acuerdos transformadores, encaminados a conseguir una sociedad más digna, más decente y coherente con los valores que inspiran nuestro orden político, jurídico y social».
Novedades entre las medidas acordadas
El Pacto de Estado aumenta las medidas que incluía en 2017, de 290 a 462, e introduce nuevos ámbitos como son la violencia vicaria, la violencia económica y la digital. Además, se profundiza en otras formas de violencia contra las mujeres ya contempladas en el pacto anterior, como la violencia sexual o la trata con fines de explotación sexual. Y se presta especial atención a las mujeres rurales y a las mujeres con discapacidad.
Por otra parte, cuenta con un compromiso económico firme, un 50% más de dotación económica, hasta alcanzar los 1.500 millones de euros para los próximos cinco años de vigencia. De estos, 160 millones anuales se destinarán a las CCAA (un 60% más que en 2017); 100 millones anuales se destinarán a la Administración General del Estado (20 millones más que en 2017); 40 millones anuales para los ayuntamientos (un 50% más que en 2017) y se establecen nuevas medidas para reforzar la trazabilidad y el control de los fondos.